Economía acoge inquietud de EFA sobre facturas de sector público en ley de Pago Oportuno

10 Oct

Los directores de EFA, Rodrigo Spröhnle y Rodrigo Donoso, expusieron este miécoles ante la Comisión de Economía del Senado la opinión de la entidad gremial sobre la iniciativa que modifica la Ley 20.416 y otros cuerpos legales.

Valparaíso, Miércoles 3 de octubre 2018

La Asociación de Empresas Factoring de Chile (EFA) planteó un conjunto de observaciones al Proyecto de Ley de Pago a 30 Días, radicado en la Comisión de Economía del Senado en tercer trámite constitucional. Los directores de EFA, Rodrigo Spröhnle y Rodrigo Donoso, llegaron hasta el Congreso invitados a exponer la opinión de la entidad gremial sobre la iniciativa que modifica la Ley 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas tras las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados.

La Asociación de Empresas Factoring de Chile (EFA) planteó un conjunto de observaciones al Proyecto de Ley de Pago a 30 Días, radicado en la Comisión de Economía del Senado en tercer trámite constitucional. Los directores de EFA, Rodrigo Spröhnle y Rodrigo Donoso, llegaron hasta el Congreso invitados a exponer la opinión de la entidad gremial sobre la iniciativa que modifica la Ley 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas tras las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados.

Durante su intervención, los directores de EFA destacaron la relevancia del proyecto como un marco para que las pequeñas y medianas empresas (pyme) dispongan de herramientas legales que les aseguren el pago por sus productos y un adecuado financiamiento. “Efectivamente el espíritu es sacar una ley que realmente se cumpla”, indicaron, agregando que -por tanto- es imprescindible conocer a fondo la realidad de las pymes.

PUBLICO Y PRIVADO Spröhnle se refirió a la diferenciación que el proyecto hace entre los privados y el sector público en torno al plazo de pago, en particular la disposición contenida en el artículo 2° quáter, la que determina que “respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la Ley N° 19.886, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto”.

La norma agrega que “sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer un plazo de hasta 60 días corridos en las bases de licitación respectivas, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de contratación directa, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. En este caso, deberán informar a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, establecido en el Capítulo IV de la ley N° 19.886. Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente la respectiva entidad certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por ella”.

Según Spröhnle, el concepto de “excepciones legales” exige una mayor precisión. “¿Qué son esas excepciones legales? ¿Un contrato distinto? ¿Un acuerdo de 10 cuotas?”, se preguntó. No obstante, el director de EFA también advirtió que en general “el Estado es un muy buen pagador, hay solo algunos organismos del Estado que no son buenos pagadores”. A su juicio, el riesgo es que el artículo con su actual redacción, “lo que está haciendo es dejarles la posibilidad a algunos buenos pagadores del Estado a que tomen más plazo, producto de esas excepciones legales”.

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CONFORME Spröhnle luego se refirió a las dudas que surgen del certificado de recepción conforme y cómo se relaciona esta materia con los ocho días de plazo de aceptación de la factura que establece la ley 19.983. “¿Cuándo parte este certificado? ¿Cuánto tiempo se va a tomar? ¿Este certificado tiene un valor, es título ejecutivo este certificado? ¿Está reemplazando a la Ley 19.983? Esas son cosas que es sumamente importante aclararlas”, señaló el director de EFA.

Añadió que las empresas de factoring, al abordar el financimiento inclusivo de las pymes, requieren de certeza para decidir si van a poder o no tomar facturas del sector público y que por ello es relevante aclarar aún más la disposición del artículo 2° quáter. “¿Cuántas pymes podríamos dejar fuera? No estoy planteando una amenaza, estoy planteando una condición de un mercado que funciona de esa manera”, puntualizó Spröhnle. “Podemos dejar a parte importante de la pyme sin financiamiento, por falta de certezas o podemos generar un excelente financiamiento producto de ese certificado”, dijo luego.

La preocupación de los directores de EFA fue compartida por el senador Álvaro Elizalde, quien reconoció que, al no haber plazo para otorgar el certificado, se genera un problema y se podría prestar incluso para dilatar el pago: “El certificado tiene por objeto establecer cierta certeza para el compromiso que adquiere el Estado, pero hay que ver bien cuál es la naturaleza que tiene, para que no se transforme en una forma de aplazar el cumplimiento de la obligación indefinidamente”.

La senadora Ximena Rincón, presidenta de la comisión especializada, solicitó al ministro de Economía, José Ramón Valente -presente en la sesión- la opinión del Gobierno. Valente señaló que la duda expresada por el representante de EFA “es razonable” e informó que el ministerio está en conversaciones con ChileCompra para consensuar una solución. “Lo tomamos como un tema relevante del cual ya nos hemos hecho cargo hablando con ChileCompra”, aseguró Valente.

Agregó que en la comisión mixta se propondrá un mecanismo de resolución. Debido a que la comisión del Senado hará enmiendas al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, se deberá formar una comisión mixta. En esta, precisó el ministro Valente, su cartera propondrá indicaciones.

SOBRE LOS INTERESES En su exposición, Spröhnle también postuló que es fundamental aclarar de mejor manera el tema de los intereses: “En el sector financiero las empresas financieras, de acuerdo a la ley de IVA, están exentas de facturar y de IVA, no así las empresas. ¿Qué va a ocurrir cuando estas empresas tengan que ceder estas facturas con esos intereses? ¿Desde cuándo corren esos intereses? ¿Desde la fecha de emisión, desde la fecha de cesión de factura? ¿Quién va a tener la información para contabilizar esto?”. A su juicio, esto incorpora en la agenda el problema de la asimetría por el tamaño diferente de las empresas. “No es cuestionar la ley, sino que hacer dobles click bastante específicos”, graficó.

DIFERENTES SECTORES Donoso, por su parte, llamó la atención sobre la situación de los exportadores, que reciben los retornos a 120 ó 180 días: “Hay que tener mucho cuidado con las asimetrías que se están produciendo”, explicó. “Por el apuro y la urgencia de sacar la Ley, podemos estar dejando de ver cosas realmente importantes del día a día. Hay que poner en la ecuación el tamaño, los sectores, etcétera. Se los planteo como inquietud con 23 años de experiencia en el sector financiero y viendo realmente cómo son las necesidades de las pymes”, afirmó.